DEFENSA PARA MUNDO AYMARA

23 mayo, 2017

Defensoría Penal Pública, institución que entregó defensa penal a 5.624 causas en la región de Arica y Parinacota el año 2016, inauguró primera oficina de Defensa Penal Aymara e Indígena en la región.
“Se trata de una unidad especializada que cuenta con tres defensores con dedicación exclusiva a causas indígenas, más un cuarto defensor de apoyo, una facilitadora intercultural, y personal administrativo especializado en la atención de población indígena, que permitirá a las comunidades de General Lagos, Putre, Camarones y Arica tener una representación legal acorde a su cultura y cosmovisión”, expresó el Defensor Regional, Claudio Gálvez Giordano, en su Balance de Gestión 2016, que se realizó en las afueras de la nueva oficina.
En un acto que integró la visita del Defensor Nacional, Andrés Mahnke, junto a autoridades locales como el Intendenta, Gladys Acuña; el Seremi de Justicia, Ricardo Iturriaga, la presidenta de la Corte de Apelaciones, María Verónica Quiroz, el Gobernador de Arica, Ricardo Sanzana, el Gobernador de Parinacota, Roberto Lau, el Alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, además de Consejeros del Área de Desarrollo Indígena (ADI), de Consejeros Nacionales Aymara (CNA) y de representantes de Carabineros, y Gendarmería, se inauguró con un corte de cinta la nueva oficina de defensa penal aymara e indígena en la ciudad de Arica, que se suma a las sedes especializadas que la Defensoría Penal Pública ya mantiene en el país.

DEFENSA INTERCULTURAL

Durante la presentación de la Defensoría se quiso demostrar -a través de los diferentes tipos de defensa a migrantes y extranjeros, indígenas, adolescentes y mujeres que tuvieron defensa pública el 2016- la importancia de la labor de la institución y la relevancia de poseer diversos tipos de defensa especializada en la región.
“Como Defensoría hemos hecho nuestros mayores esfuerzos por responder a las necesidades de una defensa especializada indígena. Desde 2003 contamos en la región con una profesional facilitadora intercultural, y hemos dado a nuestros defensores distintas capacitaciones en el área. Sin embargo, esto ha demostrado ser aún insuficiente, y para prestar una defensa adecuada a las necesidades técnicas de la temática indígena, se requería la unidad especializada con dedicación exclusiva que por fin hoy tenemos”, dijo Gálvez.
El Defensor Nacional, en tanto, comentó la importancia de visitar la región y acompañar la gestión institucional en Arica y Parinacota. También destacó la labor de defensa intercultural como uno de los principales hitos de este año. 
“Ser parte de este IMG_4063gran paso, crea vínculos más estrechos con la diversidad de nuestra población y le da certezas de una defensa proactiva, visibilizando una institucionalidad  que está  comprometida con la mejora continua”, señaló.

PRINCIPALES DELITOS

La Intendenta Gladys Acuña destacó el Balance de Gestión rendido, en el que quedó en evidencia que el principal delito atendido por la Defensoría Regional, con el 24 por ciento de los ingresos, fueron los ilícitos de la Ley de Tránsito, seguidos por delitos de la Ley de Drogas, con el 14,1 por ciento de los ingresos, los delitos de lesiones, con el 13 por ciento, y los delitos Contra la Libertad e Intimidad de las Personas, con un 6,9 por ciento.
Durante la exposición de estas cifras se destacó  también la labor de los diversos modelos institucionales de defensa especializada, que han ayudado a que la Defensoría entregue un mejor servicio a la comunidad, especialmente a través de la defensa especializada indígena, que permitió atender a mil 269 usuarios de diversas etnias (23 por ciento). También se atendió a 697 migrantes y extranjeros (12,4 por ciento), grupo en que la comunidad peruana sumó la mayor cantidad de atenciones durante 2016 (51,10 por ciento).   
En defensa penal juvenil, en tanto, se atendió a 353 jóvenes de entre 14 y 18 años (6,3 por ciento del total), con defensores y profesionales especializados en la materia.
Claudio Gálvez destacó, además la defensa de género y explicó que en 2016 fueron atendidas 994 mujeres imputadas (17,7 por ciento), con énfasis especial a privadas de libertad embarazadas o con hijos menores de un año. Por último, el Defensor Regional destacó el modelo de defensa penitenciaria, que sumó 749 atenciones el año pasado (95 por ciento), a 129 extranjeros (17,2 por ciento) y 620 chilenos (82,8 por ciento).
Frente a esto, el seremi de Justicia señaló la importancia de estos resultados en la región y además destacó lo relevante de enfocarnos en la defensa indígena que tanto necesitaba la región.
“La inauguración de la primera oficina de Defensoría Penal Aymara constituye un hecho histórico para los pueblos originarios de nuestra región, acciones como estas, vienen a demostrar el compromiso de nuestro Gobierno, con aquellas personas vulnerables, las cuales hoy pueden contar con una defensa especializada, capaz de utilizar en beneficio de estos pueblos originario la normativa nacional e internacional que establece reglas especiales a su favor, introduciendo y contextualizando a los operadores o sujetos procesales su realidad multicultural y su cosmovisión andina, elementos que necesariamente deben ser considerados por los jueces de la República”, dijo Ricardo Iturriaga, Seremi de Justicia y DDHH.

USUARIOS

Al Balance de Gestión concurrieron representantes de diversos grupos sociales, como las colonias colombiana y peruana, la comunidad rastafari, presidentes de juntas de vecinos y líderes indígenas, entre los que se encontraban Zenón Alarcón, consejero nacional aymara; y Rosa Maita, concejala por la comuna de General Lagos.
Entre los que se destacó a través de un homenaje a don Sixto Blanco Baltazar, último juez de distrito de la comunidad indígena de Caquena, quien impartió justicia comunitaria, aplicando las costumbres y tradiciones del pueblo aymara, misión que desea encarnar esta nueva oficina de defensa indígena, la cual busca el respeto a las costumbre de nuestros pueblos indígenas al momento de solucionar un conflicto penal.
“Excelente que hayan valorado al pueblo originario aymara y abrir una oficina dónde puedan ver casos bien puntuales y candentes desde violación hasta asesinato que ocurren en el altiplano y que antes nunca se habían solucionado. Yo tomo este reconocimiento no solamente como persona Sixto sino como el pueblo aymara de la región de Arica y Parinacota, por lo que es una instancia muy valiosa que nos va a aportar muchísimo a solucionar los problemas del pueblo aymara e indígena con esta nueva oficina”, comentó Sixto Blanco Consejero ADI y último juez de distrito de la comunidad indígena de Caquena.
“La Defensoría Aymara e Indígena, es un anhelo sentido de las comunidades y organizaciones indígenas, cuya historia se remonta a la época de la discusión del borrador de la Ley Indígena. Responder a esta demanda, sin duda es un avance significativo y comprometido con la realidad multicultural de la región,  releva el rol de la Defensoría Penal Pública como una institución moderna  e intercultural, que brinda defensa a toda persona acusada de un delito”, expresó la facilitadora intercultural de la DPP, Inés Flores, que ha trabajado más de 12 años en conjunto con la comunidad indígena y con personas acusada de un delito.