RESTRICCIONES PARA LIBERTADES

17 abril, 2017

Frontis de la corte de Apelaciones de AricaLa Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción de Arica culminó su primera sesión del año, en la que revisó un total de 235 solicitudes de los condenados que se encuentran en los centros penitenciarios de la ciudad.
La comisión fue encabezada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Arica, Marcelo Urzúa, y estuvo integrada por la magistrada Paulina Zúñiga, del Juzgado de Garantía de Arica; y el juez Eduardo Rodríguez, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, además de la relatora del tribunal de alzada Jacqueline Cofré y el secretario (s) Alexis Castillo, quien actuó como ministro de fe.
Luego del exhaustivo análisis de los antecedentes proporcionados por Gendarmería, a través de sus respectivos comités de conducta, los integrantes de la comisión decidieron otorgar el derecho a 83 postulantes, lo que equivale al 35,32% del total de solicitudes presentadas. En tanto, la comisión rechazó 152 solicitudes, lo que corresponde al 64,68%.
“La normativa establece que es un derecho que tiene una persona privada de libertad, si reúne todos los requisitos establecidos en el Decreto Ley”, dijo el ministro Urzúa.
Esta entidad es regida por el Decreto Ley Nº 321, que establece los requisitos para otorgar el derecho de la libertad condicional: a) cumplimiento efectivo de la mitad de la condena que se le impuso por sentencia definitiva; b) haber tenido conducta intachable en el establecimiento penal; c) haber aprendido un oficio si hay talleres donde se cumple la condena y d) haber asistido con regularidad a las escuela y conferencias educativas del penal.
La última vez que sesionó la Comisión de Libertad Condicional fue en octubre del año pasado, cuando revisó 311 solicitudes de los condenados de las unidades penitenciarias de Arica. En dicha oportunidad, la comisión decidió acoger la solicitud de 146 postulantes, lo que equivale al 46,9% del total. En tanto, esta comisión denegó el derecho a 160 internos que no cumplían con alguno de los requisitos establecidos en la legislación. Según se informó, cinco de estas solicitudes no fueron analizadas, porque los internos ya se habían trasladado a otros penales del país o ya habían recuperado su libertad.